Eduardo Taiano, a cargo de la investigación por la estafa de $Libra, decidió que el mandatario de la República Argentina quede imputado por los delitos de estafa, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

Luego de iniciar la investigación sobre el máximo mandatario argentino por la causa judicial de Criptogate, a petición de la jueza federal María Servini, el fiscal federal Eduardo Taiano imputó, la mañana de este sábado, de modo formal a Javier Milei por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, estafa y negociaciones incompatibles con la función pública.

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De acuerdo con Taiano, la investigación alcanza a los presuntos impulsores internacionales de $LIBRA, Hayden Mark Davis y Julian Peh; alos organizadores del evento Tech Forum 2024 (donde habría surgido el vínculo con el presidente), Mauricio Gaspar Novelli y Manuel Terrones Godoy, así como al asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV), señalado por posibles conflictos de interés.

La decisión del fiscal federal tuvo en cuenta la denuncia presentada por el dirigente opositor, Juan Grabois, junto al diputado Itai Hagman, entre otras demandas que fueron elaboradas y apuntan contra la participación del líder en la rápida valoración y posterior desplome del token $LIBRA.

La investigación judicial contra el mandatario tuvo como antecedente una denuncia radicada el pasado 17 de octubre. En dicha causa, se culpa a Milei y a varios empresarios de ejecutar un esquema fraudulento denominado «rug pull» (relativo a la atracción de inversiones, para luego retirar de manera abrupta el capital y dejar a los inversores iniciales con pérdidas millonarias).

Tras una semana del escandaloso hecho, la Fiscalía Federal 3 solicitó informes al Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y a Google. El fiscal también contó con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia a fin de preservar y recuperar evidencia digital relevante.

Mientras el Gobierno experimenta la crisis más grande desde la asunción de Milei, los representantes de la izquierda argentina exigen que el jefe de Estado y los funcionarios involucrados vayan al Congreso a dar explicaciones, a transmitirse por cadena nacional.

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